Según registros oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre el año 2022 y mayo de 2026 se contabilizaron 13.983 reclamaciones formales por suplantación de identidad en Colombia. Un 81% del total corresponde al sector de las telecomunicaciones. Frente a esta realidad, el Congreso de la República expidió la Ley 2573 de 2026, un cambio regulatorio sin precedentes en el país, que obligará a bancos y operadoras de telecomunicaciones a redefinir sus procesos digitales de vinculación (onboarding) y su gestión documental.

A partir del 19 de noviembre de 2026, fecha en que rige el régimen general de la ley, ya no bastará con haber verificado la identidad del cliente: habrá que demostrar, documental y digitalmente, que se autenticó de forma correcta al solicitante.

Qué es la Ley 2573 de 2026 y desde cuándo aplica

La Ley Estatutaria 2573 de 2026 se promulgó el 19 de mayo de 2026. Su objetivo es proteger a las personas afectadas por la suplantación de identidad y los fraudes financieros, como el robo de datos personales, la apertura irregular de créditos, y las estafas digitales. Concretamente, establece medidas para impedir que las víctimas de estos delitos sigan siendo cobradas o reportadas negativamente en centrales de riesgo por obligaciones que nunca adquirieron.  

Ley 2573 de 2026 en Colombia: ¿Tu empresa es sujeto obligado?

La norma, de aplicación obligatoria en todo el territorio colombiano, afecta directamente a tres tipos de organizaciones:

1. Operadores de telecomunicaciones, que activan líneas y servicios a nombre de una persona.
2. Entidades financieras y crediticias: bancos, compañías de financiamiento, cooperativas con actividad financiera, fintech y otras entidades que otorgan crédito.
3. Establecimientos comerciales con esta competencia. En la práctica, cualquier empresa que venda a plazos o financie directamente a sus clientes: como concesionarios, e-commerce con crédito propio o hasta almacenes de electrodomésticos. 

El cambio de fondo: la carga de la prueba pasa a la empresa

La suplantación de identidad es un fraude frecuente en Colombia. Muchas personas descubren que fueron suplantadas cuando reciben un cobro jurídico o una notificación de una central de riesgo por un servicio que nunca solicitaron. Hasta ahora, las víctimas debían atravesar procesos legales largos para demostrar que no firmaron un contrato, mientras las entidades podían tardar meses en investigar y responder.

Con la Ley 2573, esto cambia. La norma aplica el principio de carga dinámica de la prueba: debe probar quien está en mejores condiciones de hacerlo, y en un caso de suplantación esa parte es la entidad, que recibió los documentos y aprobó el producto. Por eso la ley le exige entregar a la persona suplantada copia del expediente de aprobación, sin poder negarse, y suspender el cobro de inmediato al ser informada.

Si se comprueba que la entidad incumplió los protocolos de seguridad expedidos por las autoridades, deberá suspender la cobranza, corregir el reporte en centrales de riesgo y devolver el dinero o eliminar la deuda. Y si no responde un reclamo dentro del plazo, opera el silencio positivo: la solicitud se entiende resuelta a favor de la persona.

Qué evidencias necesitas en cada fase

La ley 2573 de 2026 no se conforma con que tengas datos de tus clientes: exige que puedas demostrar cómo verificaste su identidad. Como explicamos en por qué la evidencia se ha convertido en el recurso más valioso, un registro solo sirve si es íntegro, tiene fecha cierta y puede atribuirse a una persona. Así se traduce en cada fase del proceso:

Vinculación del cliente (onboarding digital)

La Ley exige adoptar medidas de seguridad digital suficientes y razonables para establecer la veracidad de la identidad de las personas y de los documentos que presentan. Aquí entran la validación documental, la autenticación biométrica y la videoidentificación remota, que permite verificar a la persona en tiempo real y dejar registro de todo el proceso.

Capturar un selfie o una foto de la cédula no basta: esa captura debe quedar vinculada al contrato, garantizar la fecha y hora ciertas de la validación, y estar protegida contra cualquier alteración posterior.

Contratación

Aquí importa el tipo de firma y su vinculación con el firmante. Una firma digital certificada con estampado cronológico de una entidad de certificación digital (ECD) acreditada ante ONAC, permite demostrar qué se firmó, cuándo y con qué garantías de integridad.

Esto es posible, porque La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 (actualmente compilado en el Decreto Único 1074 de 2015) reconocen la validez de la firma electrónica en el país cuando es confiable y apropiada para las circunstancias.

Gestión del reclamo

Cuando alguien reporta una posible suplantación, empiezan a correr los plazos legales. Las notificaciones certificadas por SMS, correo electrónico o WhatsApp permiten acreditar el envío, la entrega y el contenido de cada comunicación.

Entrega de expedientes

La ley obliga a entregar a la persona presuntamente suplantada, cuando lo pida, los documentos y/o información para la aprobación del producto y/o servicio que se haya solicitado en su nombre. Dejar constancia certificada de esa entrega puede terminar siendo una prueba robusta en un proceso penal.  

Ley 2573 de 2026: ¿cómo te ayuda Lleida.net?

Lleida.net opera en Colombia como entidad de certificación digital acreditada por ONAC y ofrece servicios de confianza digital que cubren, con un solo proveedor, las fases donde la Ley 2573 de 2026 exige prueba:

• Validación de identidad (eKYC Video): videoidentificación remota que contrasta los datos contra el Archivo Nacional de Identificación (ANI), la base biográfica y biométrica administrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC).
• Contratación con firma electrónica certificada y firma digital, para demostrar quién firmó y qué firmó.
• Estampado cronológico (timestamp), para dar fecha cierta a cada evidencia del proceso de vinculación o emisión de archivos electrónicos.
• Correo electrónico y SMS certificado para acreditar plazos y comunicaciones a tiempo. También disponemos de notificaciones por WhatsApp certificado.
• Evidencias emitidas por un tercero de confianza, independiente de tu empresa, con más peso probatorio ante una Superintendencia o un juez que un registro interno.

Desde 2023, la SIC ha impuesto multas por $2.390.372.596 a operadores de telecomunicaciones por incumplimientos en la verificación de identidad de los usuarios. Con la entrada en vigor de la ley cada vez más cerca, adelantarse a estos requisitos no solo evita multas: protege la relación de confianza con tus clientes.

Este contenido tiene fines informativos y no constituye asesoría legal; te recomendamos validar cada caso con tu equipo jurídico.

La digitalización del transporte por carretera avanza y ya tiene fecha: el 5 de octubre de 2026. A partir de ese día, el Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA) será de obligatoria disposición, y otros determinados documentos de control administrativo deberán gestionarse obligatoriamente en formato digital.

El cambio deriva de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, que establece la digitalización del documento de control administrativo exigible para el transporte público de mercancías por carretera y de la hoja de ruta de los servicios de transporte público de viajeros. La posterior Resolución del 5 de junio de 2026 concreta las características.

Pero digitalizar un documento no consiste simplemente en sustituir el papel por un PDF. La nueva regulación establece requisitos específicos para garantizar la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e inviolabilidad de la documentación, así como su trazabilidad durante la prestación del servicio.

Te contamos qué cambia con el nuevo Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA) y cómo las soluciones de confianza digital de Lleida.net pueden ayudar a reforzar la seguridad y trazabilidad de esta documentación.

¿Qué cambia con la nueva normativa?

Uno de los principales cambios es la obligación de digitalizar los documentos para determinadas operaciones de transporte nacional:

• Para el transporte público nacional de mercancías, será obligatorio disponer del Documento electrónico de Control Administrativo de mercancías (DeCA).
• Para el transporte público nacional de viajeros, será obligatorio utilizar la hoja de ruta de los servicios nacionales de viajeros en formato digital.

¿Qué es el Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA)? 

El Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA) es la versión digital del documento de control administrativo utilizado en el transporte público de mercancías por carretera.

Requisitos que debe cumplir el DeCA a partir del 5 de octubre:

• Los documentos tienen que generarse de forma nativa digital. No se admitirán documentos escaneados ni conversiones de documentos en papel.
• El archivo PDF de tamaño máximo 5MB, debe disponer de una URL única y un código QR, para facilitar su consulta por parte de las fuerzas de vigilancia, sin necesidad de autenticarse ni interactuar con una página web.
• El sistema deberá registrar automáticamente la fecha y hora de creación del documento, así como cualquier modificación posterior.
• Los documentos deben conservarse durante al menos un año.

El DeCA puede integrarse en otros documentos electrónicos

La normativa introduce cierta flexibilidad en la forma de documentar el transporte. No es imprescindible utilizar un formato específico de DeCA si otro documento electrónico utilizado para el servicio contiene toda la información mínima exigida por la normativa de transporte.

Por ejemplo, pueden utilizarse formatos correspondientes a cartas de porte electrónicas (eCMR), documentación ADR, documentos relacionados con el transporte de residuos o documentación SANDACH, siempre que incorporen los datos exigidos y permitan identificar correctamente, entre otros elementos, al cargador contractual y al transportista efectivo.

Esto facilita la adaptación de las empresas que ya utilizan sistemas digitales de gestión de transporte y otros documentos electrónicos en sus operaciones.

La trazabilidad de la documentación digital, un elemento esencial

La digitalización aporta agilidad y eficiencia, pero también plantea una cuestión fundamental: ¿cómo demostrar qué información existía en un momento determinado?

La normativa exige que los sistemas registren la fecha y hora de creación del DeCA y también las modificaciones que puedan producirse posteriormente. La Resolución establece cómo deben realizarse estas modificaciones y exige conservar la información anterior cuando se genere una nueva versión.

Si se crea un nuevo documento, deberá mantenerse también el documento original para garantizar la trazabilidad de los cambios y dejar constancia de las modificaciones realizadas.

Esto permite mantener un registro de la evolución del documento, pero en determinados procesos puede ser necesario aportar una evidencia adicional e independiente sobre la existencia de la información en un momento concreto.

Aquí es donde el sello de tiempo puede aportar una capa adicional de confianza a la documentación digital.

Un sello de tiempo permite vincular determinados datos electrónicos con una fecha y hora concretas, generando una evidencia verificable sobre su existencia e integridad en ese momento.

El Sello de Tiempo de Lleida.net

Ante la necesidad de gestionar documentación digital íntegra y trazable, el Sello de Tiempo de Lleida.net aporta una capa adicional de confianza y evidencia electrónica.

El servicio permite vincular de forma segura una fecha y hora a un documento, archivo o conjunto de datos electrónicos, generando una evidencia verificable de que esa información existía en un momento determinado y permitiendo detectar modificaciones posteriores sobre los datos sellados.

¿Qué aporta el Sello de Tiempo?

• Acreditación temporal. Permite demostrar que un documento o dato digital existía en una fecha y hora determinadas.
• Integridad de la información. Permite comprobar si los datos vinculados al sello han sido modificados posteriormente.
• Trazabilidad. Aporta evidencias temporales que pueden ayudar a documentar la evolución de la información a lo largo de un proceso.
• Confianza digital. El Sello de Tiempo cualificado proporciona garantías reforzadas sobre la fecha y la integridad de los datos dentro del marco establecido por eIDAS.

La firma electrónica del DeCA en casos contractuales

¿Es obligatorio firmar el Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA)?

No en todos los casos.

La Resolución aclara que la firma electrónica no es un requisito general para la validez administrativa del DeCA. Sin embargo, si el documento se utiliza también con una finalidad contractual y debe incluir firmas, estas deberán cumplir, como mínimo, los requisitos de una firma electrónica avanzada (AdES) conforme al Reglamento eIDAS. También son válidas las firmas electrónicas cualificadas (QES).

Click & Sign, la plataforma de firma electrónica de Lleida.net

En aquellos casos en los que el Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA) tenga una finalidad contractual o comercial y deba incorporar una firma electrónica, Click & Sign de Lleida.net permite gestionar todo el proceso de firma de forma digital, segura y trazable. Entre sus principales funcionalidades destacan:

• Firma electrónica avanzada y cualificada. Adapta el proceso de firma a las necesidades de cada documento, con opciones de firma AdES y QES.
• Firma 100 % online. Permite enviar, revisar y firmar documentos desde cualquier dispositivo, sin necesidad de imprimir ni escanear documentación.
• Integridad del documento. El proceso de firma permite garantizar que el documento firmado no ha sido alterado posteriormente.
• Evidencias electrónicas. El proceso queda respaldado por evidencias que ayudan a demostrar cómo, cuándo y por quién se realizó la operación.

De esta forma, Click & Sign facilita la digitalización de los procesos contractuales vinculados al transporte, complementando las garantías de integridad y trazabilidad que requiere la gestión de la documentación electrónica.

Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA): hacia un transporte más digital y trazable

La obligatoriedad del Documento electrónico de Control Administrativo (DeCA) supone un nuevo paso en la digitalización del transporte por carretera en España.

En este nuevo escenario, la digitalización no consiste únicamente en abandonar el papel. También implica garantizar que la información pueda conservarse, verificarse y, cuando sea necesario, demostrar su existencia e integridad en un momento determinado.

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• Validez legal de la firma en documentos PDF

• Firma electrónica por WhatsApp: la tecnología más accesible

Una situación cada vez más común en despachos de abogados: un cliente recibe un requerimiento o contrato firmado electrónicamente que compromete a su empresa en una operación por varios millones de euros. El documento parece auténtico, tiene una firma digital, sello de tiempo, todo el aspecto de un PDF firmado, pero algo no cuadra en los plazos y existen indicios de irregularidades. 

Ante esta situación, saber comprobar la firma electrónica de un documento se vuelve imprescindible ya que el abogado se enfrenta a una decisión con riesgo legal: impugnar la firma sin base sólida puede salir caro. Según el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000), si el documento resulta válido y el tribunal lo considera, quien impugna, paga las costas de la comprobación y puede recibir una multa de entre 300 y 1.200€ si se trata de un servicio de confianza cualificado (art. 236.4 LEC), o de 120 a 600€ en caso contrario (art.320.3 LEC).

La pregunta es inevitable: ¿cómo determinar si el documento firmado es genuino o una falsificación, y hacerlo con la seguridad suficiente para actuar?

El Verificador Universal de Documentos Firmados de Lleida.net, conocido como USVC, ha ayudado a despachos que ya lo utilizan a evitar ese riesgo. Permite demostrar en minutos y sin necesidad de integración técnica previa, la autenticidad y la integridad de cualquier documento firmado electrónicamente.

El fraude documental obliga a comprobar la firma electrónica de un documento

En los últimos años, organismos nacionales e internacionales coinciden en señalar el incremento de fraudes documentales. Ya no predominan únicamente las falsificaciones manuales de firmas o documentos en soporte papel, sino también las alteraciones digitales de contratos, certificados, documentos de identidad y justificantes electrónicos, favorecidas por programas de edición e inteligencia artificial.

Esta circunstancia ha impulsado a despachos a adoptar herramientas que permiten comprobar la autenticidad de la documentación de manera preventiva, integrado esta verificación en su operativa diaria y evitando tener que esperar a la aparición de un conflicto judicial.

USVC: metodología forense para comprobar la firma electrónica de un documento

Tan fácil como enviar el documento desde tu correo electrónico o realizar la verificación desde el portal web. En pocos minutos, recibirás el resultado y un certificado de evidencias con validez probatoria para su presentación ante auditores, reguladores o tribunales.

La única forma de garantizar que un documento es íntegro, auténtico y jurídicamente válido

¿Qué resuelve el Verificador Universal de Documentos Firmados?

• Confirma la integridad del documento mediante verificación del hash criptográfico. Permite así, detectar cualquier modificación al documento sin depender del sello visual.
• Detecta si el archivo aportado es el original firmado o una reproducción degradada.
• Verifica la validez del certificado en el momento de la firma, incluso si ya ha caducado, mediante mecanismos LTV/LTA.
• Verifica si la firma incorpora un sello de tiempo y valida su consistencia temporal.
• Comprueba que el certificado digital ha sido emitido por una entidad de confianza reconocida, incluida en una Lista de Servicios de Confianza (TSL) oficial de la UE u otros países admitidos, así como por autoridades de certificación y repositorios de confianza internacionales.
• No requiere integración técnica previa: el abogado sube el documento y obtiene el resultado de forma inmediata.
• Genera un informe que puede aportarse directamente como soporte probatorio ante el juzgado.

Casos reales: cómo comprobar la firma electrónica de un documento en la práctica del despacho

Para un despacho de abogados, utilizar el Validador significa poder tomar decisiones (ya sea presentar documentación, impugnar o aconsejar al cliente) con una base técnica verificada, en lugar de una apreciación visual del documento.

Te presentamos distintos casos de uso implementados en despachos que marcan la diferencia.

Caso 1: verificar la firma electrónica en un documento PDF, no la marca visual en cada página

Un despacho aporta un contrato de arrendamiento de varias páginas, firmado electrónicamente, en el que el cajetín visual de firma solo aparece en la última página. La contraparte impugna alegando que el documento “no está firmado en su totalidad”.

El abogado, verifica el hash criptográfico con USVC. La verificación confirma que el documento no ha sido alterado y que es una firma válida. La impugnación se desestima y la contraparte asume las costas de la comprobación.

Lección: la marca visual es solo una representación gráfica opcional; lo que acredita realmente la validez de la firma electrónica en este caso, es la integridad del documento verificando el hash criptográfico del archivo, no el número de páginas en las que se visualice la firma.

Caso 2: copiar, reimprimir o reescanear un documento firmado digitalmente destruye la prueba digital

Un cliente entrega a su abogado una copia impresa de un contrato que originalmente fue firmado electrónicamente. El contenido visual es idéntico al original.

Cuando la contraparte impugna, el despacho no puede acreditar la firma electrónica, porque técnicamente, no existe: el archivo reescaneado no contiene el certificado embebido ni los datos criptográficos de la firma original. El documento se defiende como prueba documental ordinaria, con una posición mucho más débil que si se hubiera aportado el archivo firmado original.

Lección: pedir siempre al cliente el archivo firmado original (.pdf/.xml/.p7m), nunca una reimpresión ni un reescaneo. Si solo se dispone de una reproducción, verificarla con USVC antes de aportarla permite saber de antemano que no acredita una firma electrónica, y ajustar la estrategia probatoria a tiempo.

Caso 3: quien impugna sin comprobar la firma electrónica puede asumir el coste

Un despacho presenta un contrato de préstamo firmado electrónicamente como prueba de su demanda de reclamación de cantidad. La parte demandada, impugna la firma solo por ganar tiempo y presionar a su contraparte a negociar una rebaja de la deuda antes de que el juicio avance.

Antes de responder, el abogado del demandante verifica con USVC el documento y confirma que el documento es íntegro y no ha sido alterado. Con esta certeza técnica, el abogado no cede a la presión de negociar, y responde a la impugnación con el informe de verificación como prueba.

El juzgado desestima la impugnación, y conforme al art. 326.4 LEC, la parte demandada asume las costas de la comprobación y se le impone una multa por temeridad procesal.

Lección: cuando el abogado obtiene una certeza técnica de que su documento es íntegro, puede sostener una postura firme frente a impugnaciones sin fundamento, sabiendo que el riesgo económico recae en quien impugna, no en quien aporta la prueba.

El Verificador Universal ayuda al abogado a actuar con seguridad jurídica, con una prueba técnica objetiva ya sea antes de presentar la documentación o para verificar un documento aportado por la contraparte antes de decidir si impugnarlo, evitando así el riesgo a multas y costas.

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